El sector inmobiliario en Quintana Roo se ha convertido en un importante detonador del desarrollo económico del destino.
A pesar de su bajo e incluso negativo crecimiento desde el año anterior en el país, el sector de la promoción de viviendas y la construcción de infraestructura turística, siempre ha sido un motor de recuperación y generador de empleo. A través de sus inversiones, genera miles de empleos e inyecta dinamismo económico al estado repercutiendo positivamente en la calidad de vida de todos sus habitantes.
Así se pudo ver especialmente después de crisis como la del huracán Wilma o la gripe porcina del 2009. Ahora, después de este parón económico debido a la crisis del COVID-19, es necesario que las administraciones tomen medidas al respecto para poder tener una vuelta a la normalidad a corto plazo.
Un sector imprescindible
La construcción de infraestructura turística tiene una gran capacidad para estimular la economía y la recuperación laboral moviendo el consumo en una gran amplitud de ámbitos. No solo es capaz de impulsar el sector inmobiliario y el transporte, sino también otros sectores de consumo de forma indirecta. El sector de la construcción utiliza insumos provenientes de otras industrias como el acero, hierro, cemento, arena, cal, madera, aluminio, etc. Por este motivo es uno de los principales motores de la economía del país ya que genera beneficios a 66 ramas de actividad a nivel nacional.
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Implementar medidas
Si no se espera un cambio inmediato en la política de inversión federal, el propio estado de Quintana Roo deberá implementar medidas que apoyen al sector. Ayudas como la simplificación y agilidad de los trámites burocráticos y de licencias, sin menoscabar su vigilancia, o ampliar su gasto presupuestario de inversión en infraestructura aún incluso de forma extraordinaria pueden generar un gran cambio positivo. De la misma forma, habrá que valorar si algún apoyo de tipo fiscal pudiera ser aplicable, entendiendo que el incremento de la actividad de construcción repercute en el aumento de ingresos de las administraciones públicas, quienes a su vez deben hacer frente a los gastos resultantes de la pandemia.
